En sesión ordinaria del Congreso del Estado, las y los diputados aprobaron el Dictamen que impondría de cuatro a seis años de prisión y multa de hasta 600 UMA a quien ejerza cualquier tipo de violencia física, psicológica, patrimonial, económica o sexual, dentro o fuera del domicilio familiar, comparta éste o no, en contra de su cónyuge, concubina o concubinario, pariente hasta el cuarto grado en ambas líneas o incapaz sobre el que sea tutor o curador.

Además perderá los derechos que tenga respecto de la víctima, incluidos los de carácter sucesorio, patria potestad o tutela.

En caso de que la víctima sea mujer, se sancionará con pena de cuatro a siete años de prisión y multa de hasta 700 UMA.

Además, se sujetará al activo a las medidas reeducativas que establece la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado, las que, en ningún caso, excederán del tiempo impuesto en la pena de prisión.

A quien siendo condenado por este delito, reincida en el mismo, será sancionado elevándose la pena corporal hasta el doble; asimismo, se le impondrá, previa solicitud del agraviado, trabajo comunitario a favor de otras víctimas de este delito. Este delito se perseguirá de oficio sea cual fuere el medio o el sujeto que formule la denuncia.

Este Decreto, aprobado con 33 votos a favor, sin votos en contra o abstenciones, es resultado de la iniciativa que presentó el 18 de Julio de 2017 el diputado Sergio Rodríguez Cortés.

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